El fin del paro nacional y la consulta popular marcan un momento clave en la historia política de Ecuador

Las manifestaciones que sacudieron a Ecuador durante las últimas semanas llegaron a su fin este miércoles, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció el levantamiento de los bloqueos viales que mantenía en varias provincias. Este hito no solo cierra un capítulo de tensiones y confrontaciones, sino que abre un escenario político donde el diálogo y la participación ciudadana se perfilan como elementos decisivos para el futuro del país.

El origen del conflicto estuvo en la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, provocando un alza de precio que afectó de manera directa a comunidades rurales, indígenas, agricultores y transportistas. Esta medida desató protestas masivas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la fuerza pública, generando repercusiones económicas y sociales en varias provincias.

Cronología del paro nacional

• Septiembre: Tras el anuncio del aumento del diésel, se intensificaron los bloqueos y marchas en provincias como Imbabura, Pichincha y Azuay.
• 28 de septiembre: Se registró un enfrentamiento violento que dejó un manifestante fallecido y varios soldados heridos.
• Octubre: El gobierno declaró estado de excepción en diez provincias ante el desorden público y la paralización de rutas estratégicas.
• 22 de octubre: CONAIE anunció el levantamiento de los bloqueos tras la advertencia presidencial sobre la intervención militar.

Durante este período, los manifestantes no solo protestaron por la medida económica inmediata, sino que también pusieron en evidencia demandas históricas sobre participación política, justicia social y respeto a los derechos de los pueblos originarios.

Impacto social y político

El paro nacional tuvo consecuencias múltiples:

• Sociales: afectación de la movilidad, suministro de bienes y servicios, y visibilización de las tensiones estructurales entre sectores vulnerables y el Estado.
• Económicas: pérdidas en el transporte, comercio local y agricultura, especialmente en áreas rurales dependientes del diésel.
• Políticas: se fortaleció la percepción de que es necesario un diálogo más profundo entre gobierno y sociedad, y que ciertos sectores requieren mayor inclusión en decisiones que afectan su vida cotidiana.

De la protesta a la consulta popular

El fin del paro abre paso a un nuevo escenario: el presidente Daniel Noboa ha impulsado la consulta popular para plantear una nueva constituyente, un proceso que busca reformar la estructura política del país y garantizar una mayor participación ciudadana. Esta iniciativa llega en un momento en que las tensiones sociales han puesto de relieve la necesidad de cambios profundos en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El llamado a las urnas permitirá a los ecuatorianos decidir sobre la convocatoria de una nueva constituyente, que podría establecer nuevas reglas sobre derechos sociales, participación política y mecanismos de gobernabilidad. Así, lo que comenzó como un conflicto económico y social se transforma en una oportunidad para que la voz de la ciudadanía tenga un impacto directo en el futuro institucional del país.

Las manifestaciones y el paro nacional fueron más que un enfrentamiento por el precio del diésel: fueron una expresión clara de la necesidad de mayor inclusión, diálogo y justicia social. Sin embargo, la propuesta de una nueva constituyente también plantea un riesgo significativo. Hay sectores de la población que perciben que el gobierno podría tener intereses privados o estratégicos detrás de la reforma, especialmente considerando experiencias recientes: el incremento del IVA para financiar seguridad ciudadana no detuvo el aumento de la delincuencia, generando desconfianza en la capacidad de respuesta del Estado.

Por ello, la consulta popular no es solo una oportunidad, sino una decisión grave que exige reflexión ciudadana profunda. La legitimidad de la nueva constitución dependerá de la transparencia del proceso, la participación efectiva y la garantía de que los cambios respondan a los intereses colectivos y no a agendas particulares. Ecuador se encuentra ante un momento histórico: decidir cómo se equilibra el poder político, los derechos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones será clave para consolidar un pacto social más justo y duradero.