Más de 130 trabajadores afectados por millonario incumplimiento contractual de la empresa Totalfor

En las quebradas húmedas de Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, donde antes retumbaban volquetes y maquinaria pesada, hoy reina el silencio. Lo que se presentó como una promesa de desarrollo para las comunidades del sur del Ecuador se ha convertido en una profunda crisis económica y humana.

Más de 130 trabajadores y decenas de pequeños proveedores han quedado en el abandono tras el incumplimiento contractual por parte de la empresa china Totalfor Comercio Internacional S.A., la cual adeuda más de 1,9 millones de dólares a la firma ecuatoriana RSINGENIERIAECU S.A., contratada para ejecutar trabajos en la concesión minera ALUVI 500118. Un contrato que terminó en pesadilla

En agosto de 2024, Richard Silva, representante legal de RSINGENIERIAECU, firmó un contrato con Totalfor. El acuerdo exigía una operación intensiva: cinco mil metros cúbicos de material al día, en jornada doble, con más de 100 volquetes, 11 excavadoras y un equipo humano superior a las 130 personas.

“El esfuerzo fue inmenso, pero el pago nunca llegó”, relata Silva. Pasaron 60 días, luego 90, y solo llegaron cheques sin fondos, intereses acumulados, y las deudas crecientes de los trabajadores. Las comunidades de Guaysimi, Yantzaza y El Pangui empeñaron vehículos, invirtieron ahorros y ofrecieron sus bienes como garantía. “Vendimos una vaquita para comprar combustible, confiamos en ese contrato”, cuenta Teresa, esposa de un operador que hoy sufre una depresión severa. “No duerme, no come… y lo peor es que nadie responde”.

En el contrato también figura como administrador el abogado Vinicio Vethowen Chica, exlegislador del correísmo, quien —según Silva— ha evitado asumir responsabilidades y se ha limitado a dar respuestas ambiguas. Impacto ambiental y abandono institucional

A la crisis económica se suma una alerta ambiental. En abril de 2025, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) recibió una denuncia por alteración del cauce del río Nangaritza, atribuida a la actividad minera en la zona. “Nos dejaron sin trabajo y están dejando sin agua a nuestras comunidades”, denunció una lideresa indígena, quien pidió mantener su identidad en reserva.

Pese a la magnitud del daño, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal en la Fiscalía. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura ya registra dos procesos judiciales en contra de Tang Guangning, representante legal de Totalfor, por emisión de cheques sin fondos. Comunidades quebradas y familias al borde

El impacto va más allá de lo económico. Algunas familias han debido sacar a sus hijos de las escuelas por no poder pagar útiles o pensiones. “Vendí mi celular para cubrir el jardín de mi hija, pero no alcancé”, cuenta Marisol, ex cocinera de la obra. Negocios locales, desde talleres mecánicos hasta pequeños restaurantes, también enfrentan el cierre.

“Nos prometieron desarrollo, pero nos dejaron ruina”, afirma don Segundo, dueño de un taller que no ha recibido clientes desde octubre. Los cheques entregados por Totalfor, por más de un millón de dólares, rebotaron uno tras otro. “Nos citaron en Quito, hicimos filas en los bancos, entregamos documentos… y solo recibimos excusas”, denuncia Silva. “Uno de los gerentes nos dijo por mensaje: ‘eso les pasa por confiar’”. “Lo que exigimos no es venganza, es justicia”

Desde Zamora Chinchipe, la comunidad levanta la voz. “Me da vergüenza mirar a los ojos a mi gente. Yo los contraté. Yo les prometí que esto iba a cambiar nuestras vidas”, confiesa Silva. Aunque aún espera una salida pacífica, no descarta tomar acciones legales. “Hoy me piden un vale de gasolina, y no tengo cómo darlo”.

La ciudadanía exige que el Estado actúe. Que no permita que una empresa extranjera despoje impunemente a familias trabajadoras ni que la minería avance a costa de la dignidad y los recursos de los ecuatorianos. “Queremos que nos paguen, que nos devuelvan la dignidad que nos arrebataron”, concluye.