Condena ejemplar por abuso de poder y violencia sexual contra niñas

Carlos Leodán S. V., exdirector y docente de una institución educativa en la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor (Zamora Chinchipe), fue sentenciado por segunda vez a 25 años de reclusión mayor especial como autor del delito de violación contra una menor de edad. La sentencia, emitida el 31 de marzo de 2025 por la Fiscalía General del Estado, confirma su culpabilidad por los abusos cometidos entre 2014 y 2016, cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años.

Modus operandi Abuso de autoridad y premeditación

Durante su cargo como director y profesor, el sentenciado aprovechó su posición para convocar a la estudiante a su oficina, donde proyectaba material pornográfico y luego la agredía sexualmente. Investigaciones fiscales revelaron que estos actos ocurrían hasta tres veces por semana y eran presenciados por otra alumna, quien también fue víctima de violación bajo el mismo patrón. En diciembre de 2024, Leodán S. V. recibió una primera condena de 29 años y 4 meses por el caso de esta segunda menor, lo que motivó a la Fiscalía a reabrir de oficio el expediente que culminó con la reciente sentencia.

Pruebas contundentes y reparación integral

El Tribunal basó su fallo en testimonios anticipados de las víctimas —claves para develar la sistematicidad de los crímenes—, respaldados por pericias médico-legales, informes psicológicos, análisis de entorno social y reconocimiento del lugar de los hechos. La sentencia, dictada bajo el Código Penal vigente hasta 2014 (artículos 512, 513 y agravantes del artículo 30.1), aplicó la pena máxima por tratarse de delitos contra menores en contextos de poder. Como reparación, se ordenó el pago de USD 5.000 a la afectada y atención psicológica especializada.

Un precedente contra la impunidad

Este caso evidencia la importancia de la persistencia fiscal y la credibilidad en el relato de las víctimas para combatir la violencia sexual institucional. Las condenas acumuladas, que superan los 50 años, reflejan la gravedad de los actos y envían un mensaje claro: el sistema judicial no tolerará el abuso de autoridad ni la vulneración de derechos de la niñez. La Fiscalía reitera su compromiso de priorizar estos crímenes y garantizar justicia, incluso años después de cometidos.