La reciente intervención militar en el sector de Río Blanco, ubicado en la parroquia Los Encuentros, ha generado un fuerte rechazo y preocupación entre los habitantes. Los residentes denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados, así como los efectos negativos en el medio ambiente resultantes del operativo.

Dirigido contra la minería informal, el operativo dejó a su paso no solo la inhabilitación de una máquina y la destrucción de dos motores, sino también la perforación de tanques de almacenamiento de diésel que contenían cerca de 900 galones de combustible. El derrame de este material contaminó el río, lo que ha causado alarma en la comunidad debido a los posibles daños en el ecosistema local y en la salud de sus habitantes.

Además de los daños ambientales, trabajadores del sector minero han denunciado agresiones físicas y el uso de gas lacrimógeno. También informan que los militares incautaron seis teléfonos celulares, pertenecientes tanto a personas en sus hogares como a jóvenes que se encontraban en la escuela utilizando la cobertura de internet. De igual forma, se ha reportado la incautación no justificada de parte de los salarios de los trabajadores.

Preocupaciones de la comunidad

Los trabajadores de la minería artesanal no se oponen al control estatal, pero insisten en que estos operativos deben llevarse a cabo bajo el marco de la ley y respetando los derechos fundamentales de las personas. En lugar de recurrir a medidas extremas, como la destrucción de equipos, proponen acciones más equilibradas como la inmovilización temporal de maquinaria y la emisión de alertas previas antes de imponer sanciones.

Más allá de las consecuencias inmediatas del operativo, los residentes de Río Blanco hacen un llamado al gobierno para que aborde las causas profundas que impulsan a muchas familias a dedicarse a la minería informal. La falta de opciones laborales y proyectos de desarrollo en la región ha dejado a muchos sin alternativas viables. «Nos persiguen, mientras la corrupción en otros sectores sigue sin ser sancionada», expresan con indignación.

Demandas de la población

Frente a los sucesos recientes, los habitantes de Río Blanco solicitan respuestas claras por parte de las autoridades competentes. Exigen una declaración oficial sobre el derrame de diésel y sus efectos en el entorno, así como una explicación sobre las agresiones y las acciones injustificadas durante el operativo. Además, insisten en que las fuerzas del orden actúen con mayor responsabilidad en futuras intervenciones, garantizando que no se violen los derechos de los ciudadanos.

La comunidad sigue en alerta, esperando que sus preocupaciones sean escuchadas y que las futuras acciones del Estado se realicen con mayor transparencia, respetando tanto el bienestar de las personas como la integridad del medio ambiente.