El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, representante de la Revolución Ciudadana (correísmo) y actual candidato a la reelección, respaldó la reforma legal que incrementa las penas por minería ilegal de 7 a 20 años de prisión. Esta medida forma parte de la normativa derivada de la Consulta Popular del 21 de abril de 2024, impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el objetivo de fortalecer el control sobre actividades mineras irregulares.

Sin embargo, esta decisión ha generado un intenso debate en Zamora Chinchipe, provincia donde la minería artesanal y de pequeña escala representa una fuente vital de empleo y sustento para miles de familias. Muchos mineros artesanales y pequeños productores operan sin permisos oficiales debido a la falta de procesos de regularización por parte del Gobierno Nacional, lo que ha llevado a que el endurecimiento de las penas afecte directamente a este sector.

La postura de Valladarez ha causado descontento entre sus seguidores y la población local. Aunque muchos militantes de la Revolución Ciudadana continúan apoyando a la candidata presidencial Luisa González, han expresado su desacuerdo con la decisión del asambleísta, considerando que no refleja los intereses ni las necesidades de la comunidad minera de la provincia. Incluso, algunos han manifestado su intención de respaldar a otras opciones para la Asamblea Nacional en las próximas elecciones.

Cabe destacar que, durante el debate legislativo, Valladarez cuestionó la propuesta inicial, calificándola como «desmedida» y abogando por la proporcionalidad en las sanciones. No obstante, finalmente votó a favor de la reforma, lo que ha levantado críticas sobre su coherencia y compromiso con los intereses de su provincia.

Esta situación pone en evidencia el delicado equilibrio entre la necesidad de regular la minería ilegal, que genera impactos ambientales y sociales, y la realidad de miles de familias que dependen de esta actividad para su subsistencia. La reforma, aunque busca combatir la ilegalidad, ha dejado en el aire preguntas sobre las políticas de regularización y apoyo a los mineros artesanales, así como sobre el papel de los representantes legislativos en la defensa de los intereses de sus comunidades.

Mientras tanto, el debate continúa en Zamora Chinchipe, donde la minería no solo es una actividad económica, sino también un tema de profunda relevancia social y política.