El asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, Héctor Guillermo Valladarez González, ha iniciado un proceso de fiscalización tras la ejecución de bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas en el Parque Nacional Podocarpus, una de las zonas de mayor biodiversidad del país.

De acuerdo con información difundida el 16 de marzo de 2026 por el medio digital “Distrito Minero TV” y confirmada posteriormente en reportes oficiales, las operaciones militares —denominadas “Operación Podocarpus”— incluyeron el uso de explosivos y bombardeos dirigidos para destruir campamentos y bocaminas vinculadas a la minería ilegal dentro del área protegida.

Acción inmediata de fiscalización

Frente a estos hechos ya ejecutados, Valladarez remitió oficios al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, solicitando información detallada sobre las condiciones en las que se realizaron las intervenciones militares.

En su pedido, el legislador exige esclarecer aspectos fundamentales como:

• Si existió autorización ambiental previa para el uso de explosivos dentro del parque.
• El sustento legal que permitió la utilización de material bélico en una zona protegida.
• La realización de evaluaciones de impacto ambiental antes de la operación.
• Las medidas de mitigación, restauración o remediación ambiental tras los bombardeos.
• La coordinación interinstitucional entre entidades del Estado durante y después de la intervención.

Preocupación por daños ambientales

El Parque Nacional Podocarpus alberga una riqueza única de flora y fauna, por lo que la ejecución de bombardeos ha generado preocupación sobre posibles afectaciones irreversibles a los ecosistemas, fuentes hídricas y especies endémicas.

Asimismo, habitantes de sectores cercanos reportaron detonaciones que mantuvieron en alerta a varias comunidades, incrementando la preocupación por los efectos sociales y ambientales de estas acciones.

Defensa de los derechos de la naturaleza

El asambleísta Valladarez fundamenta su accionar en los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del Ecuador y en la normativa vigente para la protección de áreas protegidas. En ese marco, subrayó la necesidad de que toda intervención estatal respete los principios de proporcionalidad, legalidad y sostenibilidad ambiental.

Compromiso con la transparencia y la ciudadanía

Con esta iniciativa, Héctor Guillermo Valladarez González reafirma su rol fiscalizador, exigiendo transparencia sobre una operación ya ejecutada que podría tener consecuencias significativas en uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

El legislador espera que las autoridades competentes respondan dentro de los plazos establecidos por la ley, a fin de esclarecer los hechos y garantizar la protección del entorno natural y de las comunidades involucradas.