La ministra Inés Manzano anunció la medida como parte de las acciones para enfrentar los impactos ambientales y reforzar el control estatal sobre la actividad minera.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó este lunes la paralización inmediata de todas las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo, una decisión que se adopta sin una fecha definida para el reinicio de operaciones. La medida se enmarca en las competencias de control y regulación ambiental que ejerce el Ejecutivo frente a presuntas irregularidades y afectaciones al entorno natural.

De manera complementaria, la titular de la cartera de Estado anunció la suspensión de actividades en 80 plantas de beneficio minero ubicadas en el cantón Portovelo, provincia de El Oro, una de las zonas históricamente vinculadas a la minería aurífera en el país. Según explicó, esta acción responde a la necesidad de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, técnica y legal, así como de frenar prácticas que podrían estar generando contaminación en fuentes hídricas y suelos.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía se indicó que estas decisiones forman parte de una estrategia integral de control, que incluye evaluaciones técnicas, auditorías ambientales y coordinación con otras instituciones del Estado, como la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y las Fuerzas Armadas. El objetivo es garantizar que cualquier actividad extractiva se realice bajo parámetros de legalidad, sostenibilidad y respeto a los derechos de las comunidades.

Manzano señaló además que el Gobierno ha recibido un sector minero con serias debilidades en control y fiscalización, lo que ha derivado en conflictos sociales y daños ambientales acumulados. En ese contexto, aseguró que las medidas adoptadas buscan ordenar el sector y sentar las bases para una política minera responsable, que priorice la protección de los ecosistemas, especialmente en zonas sensibles como la Amazonía.

Las autoridades no descartaron que, tras las evaluaciones correspondientes, se definan nuevas disposiciones o reformas estructurales para el sector, mientras se mantiene el diálogo con actores locales y se refuerza la presencia del Estado en los territorios afectados.

La suspensión de operaciones ha generado expectativa y preocupación tanto en comunidades como en trabajadores vinculados a la actividad minera, quienes permanecen a la espera de definiciones oficiales sobre el futuro del sector en estas provincias.

La decisión evidencia una postura más firme del Ejecutivo frente a la minería, pero también deja en evidencia la falta de soluciones estructurales de largo plazo. Sin un plan claro de transición, control ambiental efectivo y alternativas económicas para las zonas afectadas, las paralizaciones corren el riesgo de convertirse en medidas temporales que no resuelven de fondo los problemas ambientales, sociales y productivos del sector minero en el país.