Granadas, municiones y armas fueron halladas durante una inspección de la Policía Nacional en el centro penitenciario de Cuenca.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional, este miércoles 29 de enero, permitió el decomiso de un arsenal de alto riesgo al interior del Centro de Privación de Libertad de Turi, en la ciudad de Cuenca, evidenciando nuevamente las vulnerabilidades del sistema penitenciario ecuatoriano.

Durante la intervención, los uniformados encontraron 353 cartuchos de diferentes calibres, cinco granadas, dos armas de fuego, una alimentadora, 25 armas blancas —entre cuchillos y objetos cortopunzantes—, así como sustancias sujetas a fiscalización, cuyo tipo y cantidad no fueron detallados de manera inmediata por las autoridades.

El hallazgo se produjo en el marco de los controles que forman parte de las acciones de seguridad dispuestas para evitar hechos violentos y neutralizar estructuras criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios. El material incautado representa un grave riesgo tanto para las personas privadas de libertad como para el personal que labora en el recinto.

La cárcel de Turi, que funciona desde 2014 y alberga aproximadamente a 1.500 personas privadas de libertad, ha sido escenario de episodios violentos en años anteriores. Uno de los hechos más graves ocurrió en agosto de 2025, cuando una riña entre internos dejó cuatro personas fallecidas, una de ellas por un disparo efectuado desde el interior de una celda, según informes oficiales de ese entonces.

Tras el operativo, las autoridades anunciaron el inicio de investigaciones para determinar cómo ingresó el material prohibido al centro penitenciario y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales. No se descarta la participación de redes internas o externas vinculadas al crimen organizado.

El decomiso de armas y explosivos en centros de privación de libertad vuelve a poner en debate la seguridad carcelaria y los mecanismos de control en el sistema penitenciario, considerado uno de los principales focos de violencia estructural en el país. El caso de Turi se suma a una serie de operativos que revelan la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para recuperar el control efectivo de las cárceles.