El sentenciado deberá cumplir más de 29 años de prisión y pagar una reparación integral a los familiares de la víctima.

Un tribunal de justicia impuso una condena de 29 años y 4 meses de privación de libertad a R.A.Z.O., tras hallarlo culpable del delito de violación en contra de Sthefany L. L. (+), un caso que conmocionó profundamente a la ciudadanía de El Pangui y a toda la provincia de Zamora Chinchipe, generando un fuerte rechazo social y múltiples pronunciamientos en contra de la violencia de género.

De acuerdo con la sentencia, además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá cumplir con una sanción económica equivalente a 600 salarios básicos unificados, así como el pago de USD 30.000 por concepto de reparación integral a favor de los familiares de la víctima, como parte de las medidas de compensación establecidas por el tribunal.

Durante el proceso judicial, se determinó que la agresión sexual provocó graves secuelas físicas y emocionales en la joven, las cuales fueron consideradas un factor determinante que la llevó posteriormente a atentar contra su vida, según se desprende del fallo. Este elemento fue clave para la individualización de la pena y la severidad de la condena impuesta.

El tribunal señaló que la sentencia se fundamenta en pruebas periciales, testimoniales y psicológicas que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, así como el daño irreversible causado a la víctima y a su entorno familiar. Asimismo, se dispuso que el cumplimiento de la pena se realice conforme a lo establecido en el régimen penitenciario vigente.

Un precedente contra la violencia de género

Desde el ámbito judicial y social, el dictamen ha sido interpretado como un precedente importante en la lucha contra la violencia sexual y de género, al reafirmar el principio de cero tolerancia frente a estos delitos y la obligación del Estado de garantizar justicia para las víctimas.

El caso ha reavivado el llamado de organizaciones sociales y ciudadanía a fortalecer los mecanismos de prevención, atención integral y acompañamiento a víctimas de violencia, así como a promover una cultura de denuncia y protección de los derechos de las mujeres.