El proyecto impulsado por la asambleísta oficialista no logró respaldo interno y fue calificado como inviable en el actual escenario legislativo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no calificar la propuesta de reforma de ley presentada por la asambleísta del oficialismo, Camila León, al considerar que el proyecto carece de consenso político suficiente para avanzar dentro de la Asamblea Nacional. La decisión frena el trámite de la iniciativa antes de su envío a comisión.

Pese a que el CAL evalúa principalmente el cumplimiento de requisitos formales y procedimentales, en esta ocasión los integrantes del organismo dejaron en evidencia que el principal obstáculo fue la inviabilidad política del proyecto, en un Parlamento marcado por la fragmentación y la falta de mayorías claras.

De acuerdo con fuentes legislativas, la propuesta fue percibida como una iniciativa que acentuaba la confrontación entre el Ejecutivo y las bancadas de oposición, lo que generó resistencia incluso antes de su posible tratamiento en comisión. Varios legisladores habrían advertido que el contenido del proyecto no aportaba a la construcción de consensos y podía profundizar tensiones dentro del Pleno.

En el análisis interno del CAL también pesaron observaciones de carácter técnico. Aunque León defendió la reforma como una respuesta a una demanda ciudadana, el Consejo consideró que la estructura del proyecto presentaba vacíos normativos y debilidades argumentativas, lo que dificultaría un debate sólido y ordenado en la Comisión correspondiente.

Desde sectores legislativos críticos, se señaló además que la iniciativa habría sido impulsada con un enfoque más mediático que legislativo, priorizando el posicionamiento político de la proponente sobre la viabilidad real de la reforma dentro del proceso parlamentario.

El rechazo del CAL expone una vez más las limitaciones del oficialismo para articular consensos dentro de la Asamblea Nacional. Más allá del contenido de la propuesta, la decisión refleja que, en el actual contexto político, los proyectos sin respaldo transversal tienen escasas posibilidades de avanzar. El caso de Camila León evidencia que la agenda legislativa no solo se define por la iniciativa individual, sino por la capacidad de negociación y construcción política en un Parlamento profundamente polarizado.