El encuentro, organizado por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, evidenció el malestar del sector frente a los operativos gubernamentales y la falta de diálogo.
Un ciudadano del cantón Chinchipe expresó públicamente su preocupación y malestar frente a las recientes intervenciones del Gobierno en el sector minero de la provincia de Zamora Chinchipe, durante la socialización del ámbito legal organizada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, realizada el viernes 23 de enero, en la ciudad de Zamora.
Visiblemente conmovido, el ciudadano manifestó que “me duele ver cómo somos tan indiferentes ante la realidad”, en referencia a la situación que atraviesan cientos de familias vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala, quienes —según señaló— viven en constante incertidumbre ante los operativos ejecutados en diferentes puntos de la provincia.
El evento reunió a decenas de trabajadores mineros, dirigentes barriales y representantes del sector, quienes participaron en un espacio de análisis legal y diálogo sobre los alcances de las acciones estatales, las concesiones mineras y los derechos de las comunidades que históricamente han desarrollado esta actividad productiva.
Durante la jornada, varios asistentes coincidieron en señalar que las intervenciones, en algunos casos con presencia militar, han generado temor y desinformación, reforzando la necesidad de que el Estado priorice procesos de socialización, transparencia y respeto a los derechos de los mineros, tal como se ha planteado en anteriores pronunciamientos del sector.
Desde la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe se destacó la importancia de abrir estos espacios de diálogo para informar a los actores involucrados sobre el marco legal vigente y canalizar las preocupaciones ciudadanas hacia las instancias correspondientes, evitando que el conflicto social se profundice.
La socialización se desarrolló en un contexto marcado por reiterados llamados del sector minero artesanal a las autoridades nacionales para que se establezcan mesas de trabajo, se garantice la seguridad jurídica y se reconozca el aporte económico y social que la minería representa para la provincia.





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