La asambleísta de ADN presentó el proyecto el 15 de enero de 2026; grupos de prensa niegan haber sido consultados formalmente sobre la iniciativa.

En enero de 2026, la asambleísta Camila León Cueva, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó un proyecto de reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el propósito declarado de precisar criterios de libertad de expresión en casos de críticas dirigidas a servidores públicos. La iniciativa fue formalizada el 15 de enero de 2026 ante la Asamblea Nacional y generó un intenso debate público y político.

El artículo 396 del COIP sanciona como contravención de cuarta clase las expresiones que se consideran en descrédito o deshonra, con penas que van de 15 a 30 días de privación de libertad. La propuesta de León buscaba añadir un texto que obligue al juzgador a verificar si dichas expresiones forman parte del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público o críticas a autoridades en el ejercicio de sus funciones, aplicando estándares constitucionales e interamericanos sobre protección reforzada de la libertad de expresión.

La asambleísta afirmó en declaraciones públicas que, antes de la elaboración del proyecto, mantuvo consultas con gremios de periodistas, con el fin de recoger aportes y garantizar que la iniciativa respondiera a las necesidades del sector de la comunicación. Sin embargo, organizaciones periodísticas y verificadores independientes han señalado que no existen evidencias públicas de que dichas consultas hayan sido realizadas con gremios formales ni que estos sectores avalen de manera oficial la propuesta de reforma, y varias entidades no han confirmado haber sido convocadas o consultadas de forma institucional.

La propuesta fue objeto de críticas de defensores de la libertad de expresión y de gremios de comunicación, que alertaron sobre riesgos de criminalización de la crítica legítima y posibles efectos inhibidores sobre la labor periodística, así como por el contexto político en el que surgió.

El proyecto fue analizado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que emitió recomendaciones para mejorar su redacción y coherencia interna, pero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió el 28 de enero de 2026, por unanimidad, archivar la iniciativa por motivos políticos, frenando su avance en esta etapa legislativa. Camila León expresó desde el exterior que no descarta presentar un nuevo texto con una socialización más amplia y ajustes técnicos en el futuro.