Las fuerzas armadas localizaron un campamento activo de extracción clandestina y neutralizaron maquinaria pesada utilizada para la explotación de oro.

En una operación ejecutada en el sector de Chichis, parroquia Bellavista del cantón Paquisha, el Ejército Ecuatoriano desmanteló un campamento activo dedicado a la extracción ilegal de oro. La intervención, realizada con el apoyo técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), permitió la neutralización de maquinaria pesada utilizada para la actividad clandestina.

De acuerdo con información oficial, las unidades militares localizaron tres excavadoras —dos de la marca XCMG y una Caterpillar— además de dos clasificadoras tipo Z, equipos empleados para remover material, procesar sedimentos y facilitar la explotación no autorizada en la zona. Todo el equipo quedó inutilizado conforme a los protocolos establecidos para operaciones contra minería ilegal.

La acción fue liderada por el Batallón de Selva N.º 62 “Zamora”, como parte de los operativos permanentes que se ejecutan en la provincia para frenar la expansión de actividades extractivas ilegales que afectan los ecosistemas amazónicos y generan pérdidas económicas al Estado.

Las Fuerzas Armadas señalaron que estas operaciones buscan proteger áreas de alta sensibilidad ambiental, evitar el deterioro de fuentes hídricas y desarticular grupos que operan sin permisos ni controles. Además, ratificaron que continuarán con controles sostenidos, patrullajes terrestres y reconocimiento aéreo para impedir la reactivación de estos campamentos en la zona fronteriza.

Impacto en seguridad y ambiente

El desmantelamiento de maquinaria pesada es un golpe significativo para las redes de minería ilegal, ya que limita su capacidad operativa y reduce el daño ambiental inmediato. Sin embargo, expertos señalan que la sostenibilidad de estos operativos exige una coordinación continua entre Fuerzas Armadas, ARCOM y autoridades locales, especialmente en territorios donde la presión extractiva es constante. Mantener vigilancia activa, reforzar presencia estatal y acelerar procesos judiciales contra responsables son claves para frenar el avance de esta actividad ilícita en la Amazonía.