Usuarios reportan cobros indebidos, malos tratos y riesgos en la operación de SENTYURBAN S.A.

La preocupación por el servicio de transporte urbano en Centinela del Cóndor continúa en aumento. Durante una reciente transmisión del noticiero de Diario El Amazónico, tres ciudadanas —Antonieta Parra, Bertila Saraguro y Amelia Ushca— expusieron públicamente una serie de irregularidades que, según afirmaron, se han vuelto recurrentes y afectan especialmente a usuarios vulnerables.

Las denunciantes aseguraron que la empresa operadora SENTYURBAN S.A. estaría cobrando tarifas superiores a las autorizadas. Aunque el pasaje urbano oficial se mantiene en USD 0,35, señalaron que los conductores exigen valores que oscilan entre USD 0,40 y USD 1,00, sin aviso ni justificación. De acuerdo con sus testimonios, esta situación se repite en distintas rutas y horarios, pese a que ya ha sido reportada a las autoridades competentes.

A los cobros indebidos se suman otros problemas. Las usuarias mencionaron malos tratos, agresiones verbales y comportamientos autoritarios por parte de un conductor identificado, además de riesgos constantes que ponen en peligro a los pasajeros: competencias entre buses, excesos de velocidad y paradas fuera de los lugares permitidos.

Durante la transmisión se recordó que ninguna autoridad local ni nacional ha aprobado un incremento del pasaje, por lo que cualquier alza aplicada de manera unilateral resulta ilegal e injustificada.

Ante este panorama, las ciudadanas hicieron un llamado urgente a la Mancomunidad de Tránsito, a la Policía Nacional y a las autoridades locales para que se ejecuten controles, se sancione a la empresa operadora y se garantice un servicio seguro y respetuoso.

🗣️ “Lo único que pedimos es un trato justo y un transporte que cumpla la ley”, recalcaron.

Las denuncias expuestas evidencian un problema estructural en el sistema de transporte urbano del cantón. La falta de controles efectivos permite que prácticas irregulares se normalicen, afectando la confianza ciudadana y vulnerando derechos básicos como el acceso a un servicio seguro y a tarifas reguladas. La intervención oportuna de las autoridades resulta clave para restablecer el orden, proteger a los usuarios y asegurar que las operadoras cumplan sus obligaciones legales.