La empresa minera advierte posibles acciones legales luego de un reportaje sobre operativos en Piedras Blancas

La reciente cobertura realizada en el cantón Paquisha vuelve a poner sobre la mesa la frágil relación entre el periodismo local y las empresas extractivas que operan en el distrito minero de Chinapintza. El periodista Alcívar Lupercio y el medio digital Diario El Amazónico han sido señalados por la empresa Condormining, que difundió un comunicado interpretado como una advertencia directa tras la publicación de un reportaje sobre un operativo en el sector Piedras Blancas.

El conflicto se encendió el pasado 20 de noviembre, cuando el medio difundió información relacionada con actividades en una zona históricamente sensible por la presencia de minería artesanal y concesiones en disputa. La reacción de Condormining fue inmediata: en su pronunciamiento oficial rechazó “de forma categórica” lo expuesto en la cobertura, asegurando que se trataba de acusaciones falsas que “pretenden dañar la imagen de la compañía”.

Sin embargo, el comunicado no se limitó a desmentir. En un tono que generó preocupación en el gremio periodístico, la empresa exigió al reportero y al medio “presentar evidencias físicas” de los hechos o proceder con las “rectificaciones del caso”. La frase final encendió las alertas:

“En caso de no recibir aclaraciones del medio, la compañía se reserva el derecho de tomar acciones legales.”

Periodistas y defensores de la libertad de expresión advierten que este tipo de pronunciamientos pueden convertirse en mecanismos de presión judicial que buscan frenar el trabajo de investigación, especialmente en territorios donde la minería genera tensiones sociales, ambientales y económicas.

En zonas como Paquisha y Chinapintza, el periodismo local desempeña un papel crucial: es, muchas veces, la única ventana informativa para comunidades apartadas que buscan visibilizar conflictos, denuncias o impactos relacionados con la actividad extractiva. Limitar estas coberturas mediante amenazas legales podría dejar a los habitantes en un escenario de indefensión comunicacional frente a actores con mayor poder económico.

Mientras Condormining sostiene que actúa en defensa de su reputación corporativa, en la opinión pública persiste una preocupación central:
¿Qué derecho debe prevalecer: la protección de la imagen empresarial o el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre lo que ocurre en su territorio?

El caso refleja un patrón frecuente en zonas extractivas: la tensión entre comunicación crítica y la defensa corporativa. Aunque las empresas tienen derecho a aclarar información imprecisa, los pronunciamientos con amenazas legales pueden generar un efecto inhibidor en la prensa, especialmente en medios pequeños que no siempre cuentan con respaldo jurídico. En contextos donde la minería es un tema sensible, la transparencia y el diálogo abierto deberían ser la norma, no la intimidación.