Mientras persisten los problemas de desempleo en el país, surgen denuncias sobre presuntos nombramientos por cercanía política en el Legislativo.

En medio de una realidad nacional marcada por la falta de empleo y oportunidades para miles de ecuatorianos, la Asamblea Nacional vuelve a estar en el centro de la polémica. La institución, que debería legislar en beneficio del país, enfrenta serios cuestionamientos por el reparto de cargos y la contratación de asesores con altos sueldos, en lo que varios sectores consideran una práctica de clientelismo político.

Uno de los casos que generó mayor controversia es el de Alarcón, pareja sentimental del asambleísta oficialista Jorge Chamba (ADN), quien figura como Asesora Nivel 1 con un salario mensual de 3.000 dólares. Esta información consta de manera pública en la página web oficial del Legislativo.

El silencio de las autoridades del Parlamento ha incrementado las críticas. Ni el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ni el titular de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, se han pronunciado al respecto, lo que para muchos ciudadanos alimenta la percepción de falta de transparencia y complicidad institucional.

Las denuncias apuntan a que se estaría utilizando la figura de asesorías para ubicar a personas allegadas a legisladores oficialistas, priorizando la lealtad política sobre los méritos profesionales. “Mientras la ciudadanía busca empleo, en la Asamblea se reparten cargos con sueldos altos como si fueran parte de un botín político”, han manifestado usuarios en redes sociales y voces críticas desde distintos sectores sociales.

El tema abre nuevamente el debate sobre la necesidad de revisar los mecanismos de contratación en el Legislativo, así como de fortalecer los procesos de control ciudadano para evitar que el aparato estatal se utilice con fines clientelares en detrimento del servicio público.