La provincia de Cotopaxi y Bolívar se encuentra en un estado de excepción declarado por el presidente Daniel Noboa Azin mediante el decreto 107, mientras las Fuerzas Armadas del Ecuador realizan requisas a campesinos que se oponen a la actividad minera, generando preocupación y controversia.

Las FFAA defienden su actuar, argumentando que las requisas forman parte de su labor de seguridad y control del orden público en el marco de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, diversos grupos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han calificado estas acciones como intimidación y criminalización de la protesta social, denunciando que afectan la libre expresión de las comunidades locales.

Consulta ambiental bajo cuestionamiento

La situación se complica con un proceso de consulta ambiental convocado por el Ministerio del Ambiente sobre las actividades mineras en la zona. Testigos y organizaciones locales denunciaron irregularidades durante la reunión, que congregó a unas 150 personas, incluyendo menores de edad y asistentes de otras localidades, poniendo en duda la legitimidad del proceso.

Activistas y líderes comunitarios señalan que la consulta no cumplió con los estándares de participación genuina, pues no se garantizó la inclusión de todos los sectores afectados y la información fue presentada de manera superficial. La presencia militar durante este proceso ha incrementado la desconfianza de los pobladores, quienes temen que sus voces no sean escuchadas y que las decisiones sobre el territorio ya estén definidas.

Panorama de la protesta

La resistencia de campesinos y comunidades locales se centra en la protección del medio ambiente, la conservación de fuentes de agua y la preservación de la agricultura como principal sustento. Frente a esto, la declaratoria de estado de excepción y las requisas son percibidas como estrategias de represión para silenciar la oposición a los proyectos mineros.

Los pobladores aseguran que continuarán defendiendo su territorio y derechos, a pesar de las presiones. Mientras tanto, la tensión entre comunidades, Estado y empresas mineras se mantiene, y la población de Cotopaxi y Bolívar permanece en alerta máxima ante los próximos acontecimientos.

✅ Este conflicto resalta la necesidad de diálogo transparente y participación ciudadana efectiva, así como el cumplimiento de los estándares de consulta ambiental y la protección de los derechos de los campesinos y comunidades locales.