El presidente Daniel Noboa decretó el miércoles 6 de agosto de 2025 el estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, mediante el Decreto Ejecutivo 76, invocando la causal de «grave conmoción interna». La medida tendrá una vigencia de 60 días.

Motivos y alcance del decreto

El Ejecutivo explicó que esta disposición responde al aumento sostenido de violencia, delitos e incidencia de grupos armados organizados en dichas provincias, manifestada en el contexto del denominado «conflicto armado interno».

Durante la vigencia del estado de excepción, se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia, mientras el Ministerio de Defensa coordina acciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través del denominado Bloque de Seguridad.

Marco legal y respaldo institucional

El decreto está amparado en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que establece los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, y permite una duración máxima de 60 días, con opción a prórroga de hasta 30 días adicionales.

Relación con la Ley de Solidaridad Nacional

Uno de los fundamentos jurídicos mencionados en el decreto hace referencia a la reciente decisión de la Corte Constitucional, que suspendió de forma provisional el artículo 6 (junto con los artículos 9, 13 y 14) de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, en el marco de acciones públicas de inconstitucionalidad. Estos artículos estaban vinculados al reconocimiento del conflicto armado interno y facultaban al Presidente para adoptar medidas extraordinarias.

Esta suspensión temporal sugiere que el Ejecutivo actúa con base en la situación real definida por precedentes normativos previos, dado que dicho reconocimiento ahora está en revisión constitucional

Conclusión

El Decreto Ejecutivo 76 representa una nueva fase en la estrategia del gobierno de Daniel Noboa para enfrentar crecientes amenazas a la seguridad pública. La medida está articulada bajo un sólido marco legal, aunque la suspensión de derechos ciudadanos y la concurrencia con la Ley de Solidaridad Nacional —pendiente de revisión judicial— abren la puerta a debates constitucionales y políticos. El modo en que se implementen estas restricciones y cómo se traduzcan en resultados concretos de seguridad será clave para evaluar el éxito de esta acción.