El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, anunció este martes el paquete de siete preguntas que conformarían la próxima consulta popular, prevista tentativamente para diciembre de 2025. La propuesta, que ha generado un amplio debate en los distintos sectores del país, abarca temas clave en materia de seguridad, justicia, economía y organización del Estado.

La iniciativa busca ofrecer una respuesta estructural a la compleja crisis que atraviesa Ecuador, especialmente en el ámbito de la seguridad, al tiempo que promueve cambios sustanciales en el funcionamiento de las instituciones públicas. De acuerdo con el Ejecutivo, estas preguntas reflejan el compromiso del Gobierno con la transformación del país, fortaleciendo la gobernabilidad, reduciendo la corrupción y modernizando el aparato estatal.

A continuación, el detalle de las siete preguntas propuestas:

1. Presencia de bases militares extranjeras en Ecuador

Se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con permitir la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional. Esta medida, según el presidente Noboa, busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que han alcanzado niveles críticos. La propuesta ha generado opiniones divididas: algunos la consideran una acción necesaria para recuperar la seguridad nacional, mientras que otros advierten que podría comprometer la soberanía del país.

2. Eliminación del financiamiento público a partidos políticos

El Gobierno propone suprimir el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, argumentando que esta medida ayudaría a combatir la corrupción y obligaría a los partidos a fortalecer su vínculo con la ciudadanía. No obstante, los críticos alertan que esta eliminación podría favorecer a grupos con mayores recursos económicos y debilitar la participación democrática.

3. Supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

La consulta incluye la propuesta de eliminar el CPCCS, entidad encargada de la designación de autoridades de control. Desde el Ejecutivo se señala que este organismo se ha desvirtuado y politizado. Sin embargo, la propuesta genera preocupación sobre cómo se garantizaría la transparencia en los procesos de designación si se elimina esta función.

4. Reducción del número de asambleístas

Se plantea disminuir la cantidad de legisladores que conforman la Asamblea Nacional, con el objetivo de optimizar la gestión legislativa y reducir el gasto público. Esta iniciativa ha sido bien recibida por ciertos sectores ciudadanos que demandan mayor eficiencia del Parlamento, aunque otros alertan que podría afectar la representatividad regional y sectorial.

5. Trabajo por horas en el sector turístico

En el plano laboral, se propone una reforma para permitir la contratación por horas específicamente en el sector turístico. El Gobierno argumenta que esta medida busca dinamizar el empleo en una de las industrias más afectadas por la crisis. Sin embargo, organizaciones sindicales advierten que podría abrir la puerta a la precarización laboral y a la pérdida de derechos adquiridos.

6. Control político a jueces de la Corte Constitucional

Otra pregunta plantea la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional estén sujetos a un mecanismo de control político. Esta propuesta ha generado fuertes reacciones entre juristas y académicos, quienes temen que pueda afectar la independencia del máximo órgano de control constitucional y poner en riesgo la estabilidad jurídica del país.

7. (Pregunta no especificada en el texto original)

Nota: En el contenido proporcionado solo se detallan seis preguntas. Si se confirma una séptima, podrá ser incluida una vez que se conozca su contenido exacto.

Se espera que la Corte Constitucional revise y emita su dictamen de admisibilidad respecto a las preguntas antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque oficialmente a la consulta. El resultado de esta eventual votación popular marcará un punto de inflexión en el rumbo político y social del país, dado el alcance de las reformas planteadas.

La administración de Daniel Noboa apuesta por un proceso de transformación institucional que busca recuperar la confianza ciudadana, enfrentar con decisión los desafíos de seguridad, y construir un Estado más funcional, austero y eficiente.