QUITO, Ecuador – La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) ha emitido una denuncia pública en torno a la drástica reducción de las deudas tributarias del Grupo Noboa, conglomerado empresarial vinculado a la familia del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Según los legisladores, este hecho genera graves dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso, en medio de un contexto donde se exige equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

De acuerdo con la RC, la información actualmente disponible por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) no aclara de manera suficiente los criterios técnicos, jurídicos ni los mecanismos administrativos que sustentaron esta significativa rebaja en las obligaciones tributarias del grupo empresarial. La bancada considera que esta falta de claridad podría abrir la puerta a posibles privilegios indebidos o manejos irregulares dentro de la administración tributaria del país.

“Es inadmisible que, en un país donde se exige sacrificios fiscales a millones de ecuatorianos, se desconozca cómo se reduce millonariamente una deuda tributaria a un grupo económico cercano al poder político”, manifestó un vocero de la bancada de RC en rueda de prensa.

Hasta el momento, el SRI no ha emitido una explicación oficial detallada que justifique la decisión, lo que ha generado inquietud tanto en el ámbito político como en sectores sociales y académicos que demandan una rendición de cuentas transparente en asuntos fiscales.

La denuncia de la Revolución Ciudadana exige una investigación exhaustiva para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso de reducción tributaria, y llama a las entidades de control y fiscalización, como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, a intervenir y esclarecer los hechos.

Este episodio ha reavivado el debate sobre la equidad tributaria y la necesidad de asegurar que todas las personas y empresas, sin importar su tamaño o vínculos políticos, cumplan con sus obligaciones fiscales conforme a la ley.

La ciudadanía y diversos actores públicos están ahora a la espera de un pronunciamiento del SRI y de las autoridades pertinentes que permita disipar las dudas y fortalecer la confianza en las instituciones del Estado.