La prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, se convirtió en la segunda autoridad provincial en pronunciarse frente a la propuesta de reforma que debatirá la Asamblea Nacional: el Proyecto Económico Urgente para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, enviado por el presidente Daniel Noboa.

Durante su intervención, la autoridad manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la propuesta normativa limite la ejecución de obra pública, especialmente en lo relacionado con la construcción, apertura, asfaltado y mantenimiento de vías. Estas actividades son ejecutadas por los gobiernos provinciales, en su mayoría, bajo la modalidad de administración directa.

Reátegui advirtió que, tal como está planteado el proyecto, estos rubros —que actualmente se consideran inversión— podrían verse restringidos, generando serias dificultades operativas y financieras no solo para Zamora Chinchipe, sino también para las prefecturas a escala nacional. En ese contexto, informó que la Prefectura remitió formalmente sus observaciones a la comisión de la Asamblea Nacional encargada del análisis del proyecto de ley y que se espera definir una postura institucional tras la asamblea general de prefectos del país.

La prefecta también se refirió a la delicada situación financiera que atraviesan los gobiernos provinciales debido a los atrasos en las transferencias del Estado. Según indicó, el Ministerio de Finanzas mantiene pendientes las asignaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, así como a enero y febrero de 2026, acumulando aproximadamente cuatro meses de retraso.

Estos atrasos —subrayó— no solo afectan la liquidez institucional, sino que retrasan el inicio de nuevas obras y ralentizan la ejecución de los proyectos que ya se encuentran en marcha. La falta de recursos oportunos impacta directamente en la planificación, contratación y continuidad de trabajos, lo que termina postergando el desarrollo vial y productivo de la provincia y limitando la capacidad operativa de la entidad provincial.