Dirigentes alertan sobre posible uso de las Fuerzas Armadas para resguardar transnacionales y el impacto sobre pequeños mineros

La reciente reforma económica enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional ha encendido las alarmas en el sector minero de Zamora Chinchipe. Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería provincial, emitió una advertencia contundente: la iniciativa legal pretende legalizar el uso de las Fuerzas Armadas del Ecuador como un escudo a favor de grandes transnacionales, dejando desprotegidos a los pequeños productores y a las comunidades locales.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno se justifica en términos de protección de sectores estratégicos y lucha contra la minería ilegal. Sin embargo, según Pineda, el trasfondo es distinto: se trataría de transferir al Estado el costo y la logística de resguardar intereses privados, lo que podría derivar en una militarización de territorios rurales y un desequilibrio en la atención a los actores locales.

“No se puede confundir el combate a la ilegalidad con el uso de la fuerza pública para blindar a las grandes operadoras, mientras se deja en la indefensión al pequeño minero y a las comunidades”, señaló Pineda en su más reciente pronunciamiento.

El dirigente hizo un llamado explícito a los asambleístas Héctor Valladarez y Esperanza Rogel, para que actúen como vigilantes del sector productivo local y eviten que la ley favorezca únicamente a la gran minería, en detrimento de los mineros artesanales y de pequeña escala.

El debate ha generado presión inmediata sobre los representantes de Zamora Chinchipe, quienes ahora deben equilibrar la urgencia económica planteada por el Ejecutivo con la defensa de los derechos de las cámaras productivas y las comunidades locales. Mientras la viabilidad de la gran minería parece avanzar en la agenda nacional, los costos sociales, políticos y ambientales apenas comienzan a calcularse, reabriendo el debate sobre seguridad nacional versus intereses privados.