La intervención del Ejército Ecuatoriano en Gualaquiza provocó una afectación económica superior a USD 1,2 millones y reavivó el debate sobre la minería irregular en territorios ancestrales.

Una nueva operación ejecutada por el Ejército Ecuatoriano se desarrolló en el Centro Shuar Ayantas, ubicado en el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, donde se procedió a la incineración e inhabilitación de maquinaria pesada presuntamente utilizada en actividades auríferas irregulares.

De acuerdo con información oficial, durante la intervención militar se inutilizaron cinco excavadoras, tres clasificadoras tipo Z, una bomba, un motor de succión, 1.750 galones de diésel, 30 metros de manguera de succión, además de un campamento improvisado, lo que representa una afectación económica estimada en más de USD 1,2 millones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que esta acción forma parte de las estrategias de control territorial, orientadas a garantizar la seguridad interna, combatir actividades ilícitas y proteger el medio ambiente, especialmente en zonas consideradas sensibles por su biodiversidad y presencia de pueblos y nacionalidades indígenas.

No obstante, la intervención ha vuelto a encender el debate público en torno a la actuación del Estado en territorios ancestrales, particularmente en comunidades que dependen de la actividad minera como medio de subsistencia. Sectores sociales y representantes comunitarios han cuestionado la proporcionalidad de estos operativos, advirtiendo un posible abuso de poder y la ausencia de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones afectadas.

Desde el ámbito militar, las actividades intervenidas son calificadas como parte de una “economía criminal”, argumento que sustenta la ejecución de operativos de alto impacto. Sin embargo, esta postura continúa generando posiciones divididas entre quienes respaldan las acciones de control y quienes exigen enfoques integrales que combinen regulación, diálogo y soluciones sociales.

El operativo en el Centro Shuar Ayantas evidencia la complejidad del conflicto entre control estatal, protección ambiental y realidades socioeconómicas locales. Mientras el Estado refuerza su presencia con acciones coercitivas, persiste la demanda de políticas públicas que aborden la minería irregular desde una perspectiva estructural, evitando que las comunidades queden atrapadas entre la ilegalidad y la falta de oportunidades.