El exlegislador Santiago Díaz Asque rindió versión ante la Fiscalía y aseguró haber trasladado dinero por orden del expresidente Rafael Correa; líderes de RC5 rechazan las versiones como infundadas.

En un episodio que ha sacudido el panorama político ecuatoriano en medio del proceso hacia las elecciones seccionales 2026, el exasambleísta y exjefe de campaña Santiago Díaz Asque realizó declaraciones ante la Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación denominada Caso Caja Chica, que indaga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento irregular de campaña política.

El viernes 30 de enero de 2026, al salir de rendir su versión en la sede fiscal de Quito, Díaz afirmó ante los medios: “Yo trasladé, por disposición del presidente Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador”, en referencia al traslado de recursos presuntamente vinculados a la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana (RC5) en 2023.

La Fiscalía investiga si durante esa campaña electoral hubo un ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela hacia Ecuador para financiar actividades vinculadas al movimiento político, presuntamente mediante una red que habría involucrado estructuras y personas dentro y fuera del país.

Contexto del caso y antecedentes

El llamado Caso Caja Chica inició con diligencias de la Fiscalía a partir del 27 de enero de 2026, cuando se notificó a varios miembros de la RC5, entre ellos la excandidata presidencial Luisa González, el expresidente Rafael Correa, el excandidato presidencial Andrés Arauz, y otros dirigentes, en una investigación por presunto lavado de activos y financiamiento electoral irregular.

Los allanamientos a inmuebles vinculados a varios de los investigados, incluyendo viviendas en Quito y Guayaquil, fueron parte de las medidas iniciales para recabar evidencia, entre ellas equipos electrónicos y documentos considerados relevantes para la indagación.

Reacciones oficiales y disputas sobre credibilidad

Las declaraciones de Díaz generaron de inmediato reacciones dentro del correísmo. Tanto Luisa González como Rafael Correa calificaron las afirmaciones como sin sustento, acusando a Díaz de “echar lodo sin una sola prueba” y sugiriendo motivaciones personales o de resentimiento hacia la organización política.

Asimismo, abogados que representan a varios de los investigados calificaron la versión de Díaz como contradictoria, sin sustento y confusa, cuestionando su credibilidad y la posible motivación para presentarla en las condiciones judiciales en que se encuentra.

Díaz Asque, suspendido de su cargo como asambleísta y actualmente en prisión preventiva por cargos distintos al caso Caja Chica, ha manifestado que su vida y la de su familia estarían en riesgo, y ha insistido en defender su inocencia, aunque no ha presentado pruebas documentales que corroboren las afirmaciones sobre el presunto financiamiento.

Impacto político y electoral

Las declaraciones se producen en un momento delicado para la política ecuatoriana, mientras el país se prepara para elecciones seccionales y la RC5 enfrenta un escrutinio judicial intenso. Los hechos han generado un amplio debate público y político, con sectores que cuestionan si la investigación responde a razones legítimas de justicia o si podría tener efectos sobre el equilibrio electoral y la percepción ciudadana sobre los procesos electorales en el país.

La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias del caso, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas determinaciones finales sobre cargos o acusaciones formales específicas más allá de las versiones rendidas en esta etapa de investigación previa.