Prefecto y alcaldes advierten que la falta de transferencias estatales pone en riesgo el pago de sueldos y la estabilidad económica de la provincia.

El prefecto y los alcaldes de la provincia de Loja mantuvieron una reunión de trabajo en la que definieron acciones conjuntas de reclamo al Gobierno Nacional, ante lo que calificaron como una deuda insostenible por concepto de asignaciones pendientes, situación que compromete seriamente la capacidad de los gobiernos locales para cumplir con el pago de salarios a su personal y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Durante el encuentro, las autoridades expresaron su preocupación por el impacto financiero que genera el retraso en las transferencias del Estado, señalando que la falta de liquidez ha obligado a varios municipios a operar en condiciones críticas. Advirtieron que, de no existir una respuesta inmediata del Ejecutivo, podrían presentarse afectaciones laborales y administrativas en distintos cantones de la provincia.

A esta problemática se suma el cierre de la frontera entre Ecuador y Perú, una medida que, según indicaron, ha provocado consecuencias directas en la economía local, especialmente en los sectores comercial, productivo y de transporte. Las autoridades señalaron que Loja, por su ubicación estratégica y su histórica relación comercial y social con el norte peruano, depende en gran medida del flujo fronterizo para el dinamismo económico y la movilidad de sus habitantes.

El prefecto y los alcaldes coincidieron en que el cierre fronterizo no solo limita el intercambio comercial, sino que afecta a pequeños comerciantes, productores, transportistas y familias que mantienen vínculos laborales y sociales a ambos lados de la frontera. En ese contexto, solicitaron al Gobierno Nacional una evaluación urgente de la medida y la implementación de mecanismos que permitan reactivar la circulación de personas y mercancías de forma segura y ordenada.

Como parte de las resoluciones adoptadas, las autoridades anunciaron que elevarán un pronunciamiento conjunto ante los organismos competentes y no descartaron impulsar acciones administrativas y políticas para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los gobiernos seccionales.

La situación expuesta por las autoridades de Loja refleja una tensión recurrente entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados, donde la falta de transferencias oportunas debilita la gestión local y traslada la crisis financiera a los territorios. Sumado al cierre de la frontera con Perú, el escenario configura un doble golpe para una provincia históricamente dependiente del comercio y la integración binacional, evidenciando la necesidad de decisiones estatales que consideren la realidad económica y social de las zonas fronterizas.