Dirigentes, asambleístas y representantes de distintos sectores advierten medidas de presión si el Gobierno no instala una mesa de diálogo directa.
El sector minero de la provincia de Zamora Chinchipe se declaró en asamblea permanente tras una reunión masiva realizada el viernes en la ciudad de Zamora, convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe y respaldada por representantes de distritos mineros —entre ellos el Distrito Minero Chinapintza—, transporte pesado, profesionales, académicos y organizaciones sociales.
Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Minería provincial, Paul Pineda, cuestionó la ausencia de respuestas estructurales por parte del Estado para la regularización de la minería artesanal y de pequeña escala, y criticó el comportamiento de autoridades de elección popular, señalando que los acercamientos con el sector minero se concentran en períodos electorales, sin que posteriormente se traduzcan en acciones concretas ni en el cumplimiento de compromisos asumidos.
En un pronunciamiento de carácter político y social, el asambleísta Héctor Valladarez sostuvo que datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas evidencian la falta de voluntad estatal para resolver un conflicto que calificó como histórico, relacionado con la seguridad jurídica, el acceso a procesos de regularización y el trato diferenciado que demanda la minería artesanal.
Desde las bases del sector, el dirigente minero Oswaldo Matamoros denunció operativos que calificó como represivos y exhortó a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas enfoquen sus esfuerzos en combatir a las estructuras de delincuencia organizada que, según indicó, extorsionan a los trabajadores mineros, en lugar de afectar a quienes desarrollan actividades productivas de manera directa.
Como resultado de la asamblea, el sector minero resolvió de manera unánime:
- Notificar formalmente a las autoridades provinciales y nacionales sobre presuntos abusos de poder durante operativos ejecutados en zonas mineras.
- Impulsar una reforma a la Ley de Minería que garantice derechos preferentes a los propietarios de terrenos.
- Promover una consulta popular provincial sobre la actividad minera.
- Exigir la realización de un censo minero actualizado, que refleje la realidad del sector en Zamora Chinchipe.
Los asistentes advirtieron que, de no instalarse una mesa de diálogo directa con el Ejecutivo, se activarán medidas de presión progresivas en distintos puntos de la provincia.
El pronunciamiento del sector minero marca un nuevo punto de tensión entre el Gobierno Nacional y una de las actividades económicas más sensibles de Zamora Chinchipe. Más allá del debate ambiental y legal, el conflicto evidencia una fractura profunda entre las políticas de control estatal y la realidad socioeconómica de miles de familias que dependen directa o indirectamente de la minería, planteando un escenario de conflictividad que, de no ser atendido mediante el diálogo, podría escalar en los próximos días.
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