El Tribunal de Garantías Penales del Guayas calificó el hecho como un crimen de Estado y ordenó medidas de reparación integral.

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada, dentro del denominado caso Malvinas. El fallo fue dado a conocer la mañana de este lunes 22 de diciembre, tras la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en la ciudad de Guayaquil.

Adicionalmente, cinco militares recibieron una pena reducida de 30 meses de cárcel luego de acogerse al procedimiento de cooperación eficaz, mientras que un procesado fue declarado inocente al no comprobarse su participación en los hechos.

Según la resolución judicial, la Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de 16 militares en la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, menores de entre 11 y 15 años, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024.

En contraste, los jueces determinaron que no se acreditó la participación del teniente coronel Juan Francisco I. M., por lo que se ratificó su estado de inocencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, los menores fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y posteriormente trasladados a una zona desolada de Taura, en el cantón Naranjal. El 24 de diciembre de 2024, sus restos calcinados fueron hallados entre manglares de difícil acceso.

El caso se sustentó en testimonios, conversaciones de chat y material audiovisual presentados durante el juicio, elementos que permitieron reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

Como parte de la reparación integral, el tribunal ordenó al Estado ecuatoriano:

• Ofrecer disculpas públicas a las familias de las víctimas.
• Realizar una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura.
• Colocar una placa conmemorativa con los nombres de los menores.
• Ejecutar capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar.
• Disponer la rectificación pública de versiones que estigmatizaron a las víctimas.

En su resolución, los jueces enfatizaron que los menores eran niños inocentes y calificaron el hecho como un crimen de Estado, marcando un precedente judicial de alto impacto en la historia reciente del país.