Las declaraciones reviven el debate sobre posibles autores intelectuales del magnicidio; Fiscalía mantiene suspensión de conclusiones

Desde Estados Unidos, un testigo protegido de la Fiscalía General del Estado —identificado como Marcelo Lasso— ha declarado bajo juramento que el asesinato de Fernando Villavicencio no fue un ataque aislado, sino parte de una operación deliberada, financiada y coordinada. Según su testimonio, el crimen involucró a alias “Pipo”, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, y —aunque aún sin verificación judicial definitiva— implicaría como presuntos responsables intelectuales al expresidente Guillermo Lasso y a Danilo Carrera.

Lo que dice el testigo

Marcelo Lasso sostiene que la planificación del magnicidio fue estructurada: sostuvo que Los Lobos, a través de alias “Pipo”, manejaron el aparato criminal necesario para materializar el asesinato. Además, aseguró que habría existido financiamiento externo, y acusó a Guillermo Lasso y Danilo Carrera como los que habrían ordenado o financiado el magnicidio.

Según su versión, se trató de un crimen de Estado, con una infraestructura delictiva detenida en niveles altos y con conexiones políticas, más allá del narcotráfico y la violencia callejera.

Reacción de los señalados y la posición oficial

Frente a las acusaciones, el expresidente Guillermo Lasso respondió a través de su cuenta en X, rechazándolas enérgicamente. Lo calificó como un intento de “mancharlo” con versiones de un delincuente “convicto y confeso”, a quien acusa de ofrecer declaraciones falsas para obtener beneficios penitenciarios.

Lasso argumenta además que su gobierno solicitó apoyo del FBI tras el magnicidio, lo que, según él, demuestra su compromiso con una investigación independiente y transparente —contradiciendo cualquier supuesta corrupción o encubrimiento.

Por su parte, la Fiscalía informó que el testimonio sigue bajo revisión y que las acusaciones deberán ser corroboradas mediante evidencias dentro del proceso judicial. Por ahora, ni Lasso ni Carrera han sido formalmente vinculados como autores intelectuales.

Antecedentes del caso

El crimen contra Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, pocos días antes de la primera vuelta presidencial. Hasta ahora, la Fiscalía había imputado a varios miembros de Los Lobos como responsables materiales: sicarios que concretaron el asesinato.

Investigaciones anteriores habían señalado una red compleja de financistas, operadores políticos y estructura criminal, con implicaciones que trascenderían la mera violencia organizada —pero las pruebas nunca alcanzaron para determinar con certeza una autoría intelectual.

Implicaciones del nuevo testimonio

• Si las declaraciones de Marcelo Lasso logran ser corroboradas, se reabriría el debate sobre una posible implicación de exfuncionarios de alto nivel en un magnicidio político.
• El testimonio reaviva la preocupación ciudadana sobre la infiltración del crimen organizado en la política nacional, un viejo reclamo ante la violencia y corrupción.
• El caso podría marcar un hito respecto al tratamiento de magnicidios en Ecuador, especialmente si el Estado logra procesar a autores intelectuales, no solo materiales.

Las revisiones sobre el asesinato de Villavicencio muestran cuán compleja y fragmentada es la trama que rodea al crimen. La acusación desde el exterior del país pone en jaque la narrativa dominante de que se trató solo de un atentado criminal. Sin embargo, asociar a figuras políticas de alto perfil exige evidencias irrefutables: sin ellas, el riesgo de un caso politizado —con declaraciones inducidas o motivadas por beneficios judiciales— persiste.

Si la Fiscalía logra verificar las pruebas físicas, documentos financieros y vínculos criminales denunciados por el testigo, el proceso podría trascender del plano policial al político e institucional. Pero si esas piezas no aparecen —o resultan inconsistentes—, el testimonio podría perder peso y alimentar una percepción de manipulación judicial o mediática.

Por ahora, la sociedad ecuatoriana observa con cautela. El caso Villavicencio no solo representa una tragedia política, sino también una prueba de la fortaleza institucional para enfrentar el crimen organizado, la corrupción y garantizar justicia.