Explosiones, incendios y presunto exceso de fuerza marcan un operativo en una zona minera con concesiones vigentes y décadas de actividad artesanal.
El Distrito Minero Chinapintza, en el cantón Paquisha, vive una jornada crítica la mañana de este 19 de noviembre, luego de que moradores del barrio Piedras Blancas denunciaran un operativo militar que habría derivado en un uso desproporcionado de la fuerza.
Según los testimonios difundidos desde tempranas horas, personal militar estaría empleando explosivos, incendiando viviendas y atentando contra propiedades con documentación legal vigente. Las imágenes y reportes comunitarios describen una situación de alta tensión, que ha obligado a familias enteras a abandonar sus hogares ante el temor de nuevos ataques.
La emergencia ocurre en un territorio donde existe minería artesanal regulada, con concesiones mineras activas, cuya actividad —según los habitantes— se ha desarrollado durante décadas, generando empleo, ingresos y dinamismo económico para la zona.
Análisis: un conflicto que mezcla poder estatal, intereses económicos y una comunidad históricamente productiva
Lo ocurrido en Chinapintza no puede entenderse únicamente como un operativo contra actividades ilícitas. En este caso, la comunidad señala algo más profundo: el uso de la fuerza estatal para desplazar a mineros que trabajan dentro de la ley, en un contexto donde el Gobierno impulsa un nuevo modelo de control territorial y apertura a inversiones de empresas internacionales.
1. Un uso de la fuerza que escala el conflicto
Los reportes de explosiones, incendios y destrucción de viviendas exceden los protocolos habituales en operativos militares de control minero. Si se confirma, se trataría de un abuso de poder que vulnera derechos constitucionales:
- propiedad privada,
- debido proceso,
- integridad física,
- y seguridad comunitaria.
El Ejército, que debería actuar como garante de la seguridad nacional, aparece aquí como un actor que profundiza el conflicto.
2. Un sector minero artesanal con décadas de existencia
A diferencia de otros territorios donde la minería ilegal responde a economías de supervivencia, en Chinapintza existe minería artesanal organizada y concesionada. Estas familias:
- producen oro desde hace generaciones,
- generan empleo local,
- sostienen la economía de Paquisha,
- y forman parte de la historia productiva de la provincia.
Desalojar o criminalizar a este sector no solo destruye su medio de vida, sino que mina la estabilidad económica de la zona.
3. Señalamientos sobre la alineación militar con decisiones del Gobierno
Las comunidades aseguran que este tipo de operativos se alinean con una estrategia nacional para posicionar a empresas internacionales en territorios donde ya existe actividad minera artesanal legalizada.
En otras palabras:
La fuerza pública estaría facilitando un cambio en el control económico del territorio.
Si esto se confirma, estaríamos ante un escenario donde el Estado:
- privilegia intereses externos,
- desplaza comunidades históricas,
- y utiliza el aparato militar en favor de nuevos actores económicos.
4. Riesgo de criminalizar a quienes sostienen la economía local
La minería artesanal de Chinapintza:
- emplea a cientos de familias,
- mantiene comercios activos,
- aporta a la economía de Zamora Chinchipe,
- y es un pilar para la supervivencia de Paquisha.
Atacar de manera indiscriminada al sector implica:
- destruir una cadena productiva estable,
- empujar a la población a la pobreza y migración,
- y generar conflictividad social innecesaria.
5. El Estado llega con armas, pero no con alternativas
Al igual que en otros escenarios mineros del país, el Gobierno actúa con intervención militar sin haber ofrecido:
- programas de reconversión productiva,
- apoyo a la minería responsable,
- ordenamiento territorial participativo,
- ni diálogo con las comunidades.
Esto alimenta la percepción de que los operativos no buscan controlar irregularidades, sino reconfigurar el territorio minero a conveniencia del poder central.
Lo ocurrido en Chinapintza evidencia un choque entre:
- un Estado que aplica fuerza militar,
- una comunidad con derechos mineros vigentes,
- intereses económicos en disputa,
- y un modelo territorial que excluye a los habitantes históricos del sector.
El conflicto no se resolverá con explosiones ni incendios. Requiere diálogo, legalidad, respeto a los derechos comunitarios y un modelo minero que reconozca el aporte real de quienes llevan décadas generando economía desde este territorio.
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