El expresidente enfrenta audiencia preparatoria de juicio por supuestos sobornos vinculados a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

Quito, Ecuador – El expresidente Lenín Moreno se encuentra en el centro de un proceso judicial relacionado con el denominado Caso Sinohydro, que involucra presuntos sobornos entregados durante la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2018 la empresa china Sinohydro habría entregado más de USD 76 millones a funcionarios públicos y allegados, parte de los cuales habrían beneficiado directamente a Moreno, su esposa Rocío González y su hija Irina. El caso también involucra a otros 25 procesados, quienes enfrentan acusaciones por cohecho y delitos de corrupción conexos.

Actualmente, Moreno se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria de juicio ante la Corte Nacional de Justicia. Como medidas cautelares, se le ha impuesto la prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 440.000, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada quince días y el uso de un dispositivo electrónico para su monitoreo. Su defensa ha presentado alegaciones de nulidades procesales, mientras que Fiscalía y Procuraduría sostienen que la gravedad de las pruebas obliga a avanzar hacia la etapa de juicio.

De ser hallado culpable, Moreno podría enfrentar una pena privativa de libertad de entre 1 y 7 años, aunque la condena solo se ejecutaría una vez exista una sentencia firme y ejecutoriada. En ese caso, la Corte ordenaría su captura e ingreso al sistema penitenciario. Mientras tanto, el expresidente permanece en libertad bajo las medidas cautelares establecidas, a la espera del avance del proceso.

El Caso Sinohydro constituye uno de los escándalos de corrupción más relevantes en Ecuador en la última década, no solo por el monto involucrado, sino por la implicación de altos funcionarios del Estado y empresas extranjeras en contratos públicos estratégicos. Expertos en derecho penal y transparencia destacan que el desarrollo del juicio marcará un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país, reafirmando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la contratación pública.

Mientras la Corte Nacional de Justicia analiza las pruebas y define los próximos pasos procesales, la ciudadanía y los organismos de control mantienen atención sobre este caso, que se perfila como un punto de inflexión en la política anticorrupción de Ecuador y en la percepción de la impunidad asociada a altos funcionarios públicos.