Organizaciones ciudadanas cuestionan decisión del Consejo de Administración Legislativa y denuncian posible nepotismo

Quito, Ecuador – El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha decidido no acoger la denuncia presentada contra el asambleísta oficialista Jorge Chamba, provocando indignación en sectores críticos del legislativo y en organizaciones de vigilancia ciudadana. La denuncia señalaba un presunto caso de nepotismo, relacionado con la contratación de la pareja sentimental del legislador, Lindsy Macías, como asesora en su despacho.

Lo que ha generado aún más controversia es la composición actual del CAL, dominado por asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN), quienes resolvieron de manera exprés y sin mayores explicaciones públicas archivar la denuncia. Este hecho ha sido percibido por algunos sectores como un posible encubrimiento, aumentando la percepción de falta de transparencia y fiscalización interna en la Asamblea Nacional del Ecuador.

La denuncia fue presentada en un contexto de creciente tensión política y expectativas de investigaciones rigurosas sobre casos de nepotismo y conflicto de intereses dentro del legislativo. Sin embargo, la decisión del CAL ha generado críticas de organizaciones ciudadanas, que consideran este tipo de acciones como un “pacto de impunidad” entre bloques legislativos, donde los parlamentarios se blindan mutuamente para mantener cuotas de poder en detrimento del control institucional y de la ética pública.

Expertos en derecho administrativo y ética pública han señalado que situaciones como estas debilitan la confianza de la ciudadanía en la capacidad del legislativo de autorregularse y de garantizar un manejo transparente de los recursos y cargos públicos. Mientras tanto, la figura de Jorge Chamba sigue bajo escrutinio político y mediático, y diversos colectivos de la sociedad civil han anunciado que continuarán vigilando de cerca cualquier movimiento que pueda constituir favoritismo, nepotismo o violación de normas internas en la Asamblea.

La decisión del CAL reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos más sólidos de control y rendición de cuentas dentro del legislativo ecuatoriano, y pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar transparencia y ética en la gestión pública.