El 28 de agosto de 2025, el asambleísta César Palacios ingresó una denuncia formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra el legislador oficialista Jorge Chamba, por la presunta contratación irregular de su pareja —Lindsy Macías Alarcón— como asesora en su despacho.

El pasado 28 de agosto, el asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana (RC), César Palacios, presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) una denuncia contra su par oficialista Jorge Chamba Cabanilla (ADN), por presunto nepotismo y gestión irregular en nombramientos públicos. Palacios acusa que Chamba contrató a su pareja sentimental, Lindsy Macías Alarcón, quien además es madre de su hija, como asesora nivel 1 con una remuneración mensual de 3.014 dólares, apenas cinco días después de asumir funciones en mayo de 2025.

La denuncia argumenta que este acto viola el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución, que prohíbe gestionar nombramientos de cargos públicos. Asimismo, menciona el artículo 230 numeral 2 de la misma Carta Magna en materia de nepotismo, así como disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de la Ley Orgánica del Servicio Público. Palacios enfatizó que, aunque la funcionaria habría renunciado en agosto de 2025, eso no exime a Chamba de responsabilidad, puesto que se habría configurado un acto de corrupción desde la emisión del nombramiento.

Por su parte, Jorge Chamba ha defendido la contratación argumentando que Macías tiene un perfil profesional destacado —dos títulos universitarios y cuatro maestrías— y que no existe vínculo legal de matrimonio o unión de hecho, a pesar de su reconocimiento público como pareja y madre de su hija.

Evolución del caso y posiciones institucionales

• El CAL, con mayoría oficialista, inicialmente desestimó la denuncia, aceptando el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que no encontró pruebas concluyentes de un vínculo jurídico que configurara nepotismo.
• El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, calificó la situación como “cuestionable” desde el punto de vista ético, aunque aclaró que, al no existir unión legal, no se podía proceder legalmente contra Chamba. Como reacción, solicitó a la bancada oficialista (ADN) que presente un Código de Ética actualizado para evaluar sanciones futuras dentro de un marco normativo más riguroso. Además, confirmó que Macías renunció el 22 de agosto.

Opinión y consecuencias políticas

La denuncia pone en el centro un debate sobre transparencia, ética pública y confianza ciudadana. Para algunos sectores, el caso evidencia prácticas irregulares dentro del Legislativo; para otros, no existiría sustento legal suficiente para sancionar. Este caso también ha revivido la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control ético en las instituciones públicas.

Palacios advierte que, más allá de un acto legal, la acción de Chamba erosiona la confianza de la ciudadanía en la Asamblea, e incluso podría acarrear responsabilidades civiles o penales, según lo que declara en su denuncia