Decisión genera controversia en Azuay y reaviva el debate sobre fiscalización ambiental y minería en zonas sensibles

Cuenca, Ecuador – En un hecho que ha generado sorpresa y críticas en diversos sectores, la asambleísta por Azuay y presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Kamila León, votó en contra de una moción presentada para modificar el orden del día y convocar a la ministra del Ambiente, Luisa Cruz. La finalidad de la convocatoria era que la autoridad explicara las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia ambiental a la empresa Dundee Precious Metals Ecuador, en el proyecto minero La Plata, ubicado en la zona de recarga hídrica de Quimsacocha.

La moción, presentada por el legislador Gerardo Machado, buscaba abrir un espacio de fiscalización ante denuncias de colectivos ciudadanos y organizaciones ambientales sobre posibles irregularidades en el proceso de concesión de la licencia. La oposición a la moción por parte de León fue interpretada por algunos sectores como un giro inesperado y una falta de respaldo a las preocupaciones de su propia provincia, históricamente activa en la defensa del agua y la protección de ecosistemas estratégicos.

Organizaciones sociales y autoridades locales expresaron su indignación. El burgomaestre de Cuenca declaró: “Es inadmisible que una representante del pueblo azuayo, y más aún siendo presidenta de la Comisión de Biodiversidad, le dé la espalda a su territorio en un tema tan delicado como la protección del agua y el ambiente”.

El caso de Quimsacocha ha sido motivo de debate nacional durante los últimos años, debido a la importancia de esta zona como fuente de agua para varias provincias y su vulnerabilidad frente a la actividad minera. La licencia ambiental otorgada a la empresa ha sido cuestionada por supuestos impactos negativos sobre ecosistemas estratégicos y comunidades locales, lo que ha generado tensiones entre el sector público, la industria minera y la sociedad civil.

Hasta el momento, la asambleísta Kamila León no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su decisión, y se espera que explique públicamente los motivos de su voto en las próximas horas. La controversia se suma al creciente debate sobre el rol de la Asamblea en la fiscalización ambiental, la transparencia en la entrega de licencias mineras y los límites de la actividad extractiva en áreas sensibles del país.

Expertos en derecho ambiental y representantes de organizaciones civiles han señalado que este episodio subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control y participación ciudadana, para garantizar que decisiones clave sobre recursos naturales estratégicos sean tomadas con plena transparencia y en beneficio de las comunidades y el ecosistema.