Marchas masivas en Quito reflejan la creciente tensión entre Ejecutivo y Tribunal Supremo
La capital ecuatoriana vive una jornada de alta tensión política con miles de ciudadanos movilizados, convocados por el presidente Daniel Noboa Azin, en una marcha masiva hacia la sede de la Corte Constitucional. Esta manifestación expresa un marcado rechazo a recientes decisiones del máximo órgano de control constitucional que han suspendido provisionalmente varios artículos clave para la gestión gubernamental.
Origen de la controversia
La crisis se desató tras la suspensión de artículos pertenecientes a leyes estratégicas para el Ejecutivo, como la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia. Según el gobierno, esta acción limita la capacidad estatal para combatir la corrupción y el crimen organizado, e impide avanzar en su agenda de reformas.
Voces del Ejecutivo y movilización social
Altos funcionarios del gabinete, incluyendo la ministra de Gobierno Sariha Rovira, el ministro del Interior Jhon Reimbeg y el ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo, han sido los principales voceros de la crítica hacia la Corte, acusándola de «dejar al país sin defensa» y de tener «agendas propias» que interfieren con la administración pública.
Desde temprano, simpatizantes del gobierno llegaron a Quito desde varias regiones del país, mostrando su apoyo con pancartas y consignas que cuestionan la legitimidad y el accionar de los magistrados constitucionales.
Defensa y postura de la Corte Constitucional
Por su parte, la Corte Constitucional ha defendido enérgicamente su decisión, sustentándola en un análisis técnico y jurídico detallado. El tribunal sostiene que los artículos suspendidos contienen aspectos polémicos y podrían vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
En varios comunicados, la Corte ha reafirmado su independencia y su rol como garante de la supremacía constitucional, incluso frente a presiones políticas. La suspensión se mantiene como una medida cautelar mientras se resuelven más de 30 demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, gremios y ciudadanos.
Debate nacional e incertidumbre institucional
Este choque entre el Ejecutivo y la Corte ha desatado un amplio debate sobre el equilibrio de poderes, la autonomía judicial y el respeto a las instituciones democráticas. Expertos en derecho y política han expresado preocupación ante lo que califican como un intento de presión gubernamental sobre un poder independiente, advirtiendo que podría desencadenar una crisis institucional profunda.
La ciudadanía se mantiene atenta, dividida entre quienes respaldan al presidente Noboa y quienes defienden la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho.
Escenario futuro
Mientras las movilizaciones continúan, el país enfrenta un momento decisivo para su institucionalidad. La manera en que se resuelva este enfrentamiento podría sentar precedentes en la relación entre poderes y definir la estabilidad política en los próximos años.
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