José Arroyo enfrentará prisión preventiva en la Casa de Confianza de Chillogallo por el caso “Ornato Municipal”

El alcalde del cantón Pujilí, José Arroyo, fue declarado en prisión preventiva durante una audiencia judicial realizada el pasado 9 de agosto, en el marco de la investigación del caso conocido como “Ornato Municipal”. Arroyo está acusado de peculado y actos de corrupción relacionados con contratos irregulares durante su gestión, hechos que se remontan desde mayo de 2023.

La orden judicial establece que el alcalde deberá cumplir la medida en la Casa de Confianza de Chillogallo, una prisión destinada a mujeres. Esta inusual disposición se debe a que, desde octubre de 2024, en el Registro Civil su cédula de identidad figura con sexo femenino, un dato que ha llamado la atención de la opinión pública y que ha sido confirmado por las autoridades judiciales.

Contexto del caso “Ornato Municipal”

El caso “Ornato Municipal” surgió tras la detección de anomalías en la contratación de servicios relacionados con el mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos en Pujilí. Investigaciones preliminares indicaron que se adjudicaron contratos sin cumplir con los procesos legales y con posibles sobreprecios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico para el municipio.

José Arroyo, quien asumió el cargo en 2023, ha negado inicialmente las acusaciones, pero las pruebas presentadas durante la investigación y la audiencia han llevado al juez a dictar prisión preventiva como medida cautelar para evitar la obstaculización del proceso.

¿Por qué en una cárcel de mujeres?

La Casa de Confianza de Chillogallo es un centro penitenciario de alta seguridad dedicado exclusivamente a mujeres. La particularidad de que Arroyo deba cumplir su condena allí responde a un cambio registrado en su documento de identidad, donde figura como mujer desde octubre de 2024. Este hecho obliga a las autoridades a respetar la normativa que rige el encierro según la identidad de género oficial.

Este caso ha abierto un debate en el país sobre los protocolos judiciales y penitenciarios en casos de personas cuya identidad legal ha sido modificada, así como sobre la transparencia en la administración pública.

Reacciones y siguientes pasos

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar la posible participación de otros funcionarios en la red de contratos irregulares. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado informes sobre el caso y ha manifestado su compromiso con la lucha contra la corrupción en todas las instituciones.

El alcalde José Arroyo deberá presentarse periódicamente ante la justicia, y su defensa ha anunciado que apelará la decisión del juez.