El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, ha puesto en marcha una profunda reorganización de la estructura gubernamental en el territorio nacional, a través de la implementación de un nuevo modelo de gestión territorial, establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 70.

Esta reforma, liderada por la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete, tiene como eje central la optimización de los recursos estatales, bajo un enfoque de mayor eficiencia, simplicidad operativa y cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, la iniciativa ha generado incertidumbre sobre el futuro de las Direcciones Distritales, dependencias clave en la administración pública provincial.

Un modelo más compacto y centralizado

El nuevo esquema establece que las Direcciones Provinciales se convertirán en las principales unidades de gestión en las provincias, desplazando a la tradicional figura de las Direcciones Distritales, cuya existencia será excepcional y dependerá de la «demanda de servicios gubernamentales», según señala el decreto.

Asimismo, el modelo contempla la creación de Direcciones Zonales, que podrán abarcar dos o más provincias, lo que sugiere una centralización progresiva de la gestión pública en ciertas regiones del país y una posible reducción del aparato burocrático.

¿Desaparecen las Direcciones Distritales?

Aunque el decreto no elimina explícitamente las Direcciones Distritales, sí establece condiciones más restrictivas para su existencia, planteándolas como figuras no normativas, sino excepcionales. Este cambio abre la puerta a una reestructuración profunda de las dependencias estatales en todo el país, con el posible cierre de oficinas y reducción de puestos de trabajo.

El Gobierno ha sostenido que el objetivo principal es evitar duplicidades, racionalizar el gasto y hacer más eficiente el servicio público, acercándolo al ciudadano. No obstante, esta transformación ha despertado preocupación, especialmente en cantones pequeños y zonas rurales, donde la ausencia de direcciones distritales podría traducirse en menos acceso a servicios esenciales.

Expectativa e impacto

Funcionarios públicos y ciudadanos se mantienen a la espera de mayores detalles sobre la implementación de este nuevo modelo territorial. Entre las inquietudes destacan:

• ¿Qué pasará con los servidores públicos que laboran en direcciones distritales?
• ¿Cómo se garantizará la cobertura de servicios en zonas donde ya existe una limitada presencia estatal?
• ¿Se respetarán los derechos laborales durante el proceso de reorganización?

El plan forma parte de la visión del presidente Noboa de construir un Estado moderno, eficiente y enfocado en resultados, pero su ejecución deberá equilibrar la eficiencia administrativa con el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad, sin importar su ubicación geográfica.