La reciente declaración de Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha generado una fuerte ola de reacciones tras confirmar la desvinculación de 540 trabajadores como parte de un proceso de «ajuste de personal» en la institución.

Según Lama, esta medida responde a una estrategia de “aligeramiento” del aparato estatal, al que calificó como “hinchado, grande, obeso e ineficiente”, responsabilizando a administraciones pasadas por el crecimiento desmedido de la nómina institucional.

Los despidos se ejecutaron en dos fases: el 24 y el 31 de julio. Afectaron a:

  • 264 servidores con nombramientos provisionales
  • 83 empleados con contratos ocasionales
  • 193 funcionarios con nombramientos permanentes, el grupo que ha generado mayor controversia

Este último caso ha sido especialmente criticado, ya que la estabilidad de los trabajadores con nombramiento definitivo es considerada un derecho laboral adquirido. Diversos sectores han expresado su preocupación por lo que perciben como un debilitamiento del servicio público y una vulneración de garantías laborales.

Una medida «necesaria», según el IESS

En declaraciones al diario El Universo, Lama justificó la acción afirmando:

“Cada sueldo no lo vemos como un sueldo, lo vemos como dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes”.

Bajo este enfoque, el IESS busca una reestructuración que —según sus autoridades— permitirá optimizar recursos y mejorar la eficiencia institucional. No obstante, hasta el momento no se han presentado planes concretos de reubicación, reestructuración interna o fortalecimiento de procesos que garanticen la continuidad y calidad de los servicios.

Lama aseguró también que los despidos no afectan al personal médico ni operativo, pero los gremios advierten que la reducción del equipo administrativo podría tener un efecto dominó en la atención y en la carga laboral de quienes permanecen en funciones.

Reacciones y consecuencias

La medida ha encendido el debate nacional en torno a las políticas de recorte estatal. Para algunos sectores, se trata de un ajuste técnico necesario frente a la crisis financiera del IESS. Para otros, es una acción apresurada que precariza el trabajo y pone en riesgo el servicio a millones de afiliados, jubilados y beneficiarios.

Varios de los trabajadores desvinculados han comenzado a organizarse para interponer recursos legales y denunciar lo que consideran una vulneración de derechos. Al mismo tiempo, sindicatos y asociaciones laborales anuncian movilizaciones y acciones colectivas en rechazo a los despidos, que consideran arbitrarios e injustificados.

En medio de esta crisis institucional, el IESS enfrenta una creciente presión: por un lado, demostrar que la reducción de personal efectivamente mejora la gestión; por otro, responder a las demandas de un país que exige eficiencia sin sacrificar derechos ni servicios esenciales.