Quito, Ecuador. — En medio del proceso de reorganización estatal impulsado por el gobierno de Daniel Noboa Azin, que ha implicado la desvinculación de numerosos funcionarios públicos, ha salido a la luz un caso que ha generado fuerte controversia: José Julio Neira Hanze, actual delegado ante la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), acumula nueve cargos directivos en distintas entidades del Gobierno Nacional.

Neira Hanze ocupa, entre otras funciones, la dirección encargada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Secretaría Nacional de Contratación Pública (Sercop). Además, preside o participa activamente en comités estratégicos vinculados a sectores clave como energía, minería, finanzas y compras públicas.

Lo que ha despertado mayor preocupación entre analistas y ciudadanía es la opacidad que rodea su gestión. Pese a su protagonismo en múltiples frentes de la administración pública, no existen registros públicos disponibles sobre su salario, patrimonio ni títulos académicos, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad y ética de su acumulación de cargos.

Si bien se conoce que cursó estudios en Asuntos Internacionales en Estados Unidos, no hay constancia pública oficial de estos títulos en plataformas nacionales como la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). Tampoco aparece información sobre sus declaraciones patrimoniales en el portal de la Contraloría General del Estado, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia.

La polémica se intensifica debido a que Neira Hanze lidera, precisamente, la Secretaría de Integridad Pública, una instancia encargada de promover la ética y la transparencia en la función pública. Esta aparente contradicción ha sido duramente criticada por sectores políticos y sociales, que ven en su caso un ejemplo preocupante de concentración de poder y falta de rendición de cuentas.

Frente a este escenario, surgen varias interrogantes que aún no tienen respuesta oficial:

• ¿Cómo es posible compatibilizar tantas funciones directivas de alta responsabilidad en una sola persona?
• ¿Qué salario percibe por cada uno de estos cargos?
• ¿Por qué no se han hecho públicos sus antecedentes académicos y patrimoniales?

La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a exigir explicaciones claras al Ejecutivo, solicitando que se revisen estos nombramientos a la luz del principio de eficiencia administrativa y del derecho de los ecuatorianos a acceder a una gestión pública transparente.

Hasta el cierre de esta publicación, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.