La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha intensificado las investigaciones en torno a un presunto esquema de corrupción que habría causado un perjuicio económico cercano a los 100 millones de dólares al Estado, según revelaciones preliminares derivadas de la denominada “Operación Apagón”.

Esta millonaria cifra estaría relacionada con contratos adjudicados a la empresa PROGEN, involucrada en procesos de adquisición pública en dos importantes regiones del país. Del total señalado, aproximadamente 70 millones de dólares corresponden a contratos vinculados a obras en El Salitral, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, mientras que 30 millones de dólares adicionales estarían asociados a acuerdos en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

La Operación Apagón se inició tras identificar indicios sólidos de responsabilidad penal en la gestión de estos contratos, lo que motivó a la Fiscalía a ordenar una serie de allanamientos coordinados a nivel nacional con el objetivo de recabar evidencia suficiente para esclarecer el caso.

Durante las diligencias, las autoridades lograron incautar una considerable cantidad de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos clave que ahora son objeto de análisis forense para reconstruir la cadena de posibles irregularidades y determinar a todos los implicados en este presunto esquema de corrupción.

Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha divulgado los nombres de personas formalmente acusadas o detenidas, para no entorpecer el proceso investigativo, la magnitud de los hallazgos y la extensión de los operativos reflejan la seriedad con que se está abordando esta causa.

“La lucha contra la corrupción es una prioridad para el Estado y esta operación es un claro ejemplo del compromiso institucional para garantizar transparencia y justicia en las contrataciones públicas”, señalaron fuentes oficiales.

El desarrollo de la Operación Apagón continúa y se espera que, en las próximas semanas, se den a conocer mayores detalles que permitan esclarecer la verdad y propiciar la rendición de cuentas de quienes resulten responsables, con el fin de proteger los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.