La polémica en torno a la millonaria deuda del Grupo Empresarial Noboa con el Servicio de Rentas Internas (SRI) vuelve a sacudir el escenario público. En un reciente pronunciamiento oficial, el director del SRI aseguró que la significativa reducción de esta obligación se debe al “pago” de las multas e intereses, y no a ninguna condonación o beneficio especial. Sin embargo, la ausencia total de documentos y comprobantes que respalden estas afirmaciones ha desatado una fuerte ola de críticas y sospechas.

“La deuda ha disminuido gracias al pago de las obligaciones por parte del Grupo Noboa”, señaló el director del SRI, intentando despejar dudas. No obstante, esta declaración, lejos de apaciguar la controversia, ha provocado un aumento del descontento debido a la falta de evidencia: no se han presentado registros bancarios, recibos, ni ninguna documentación oficial que certifique estas supuestas transacciones.

Diversos analistas económicos, políticos de oposición y representantes sociales han calificado la situación como una “burla a la transparencia” y un “precedente peligroso para la justicia fiscal del país”. La deuda, que principalmente involucra a Exportadora Bananera Noboa S.A., ha sido objeto de debate público constante, y su abrupta reducción sin pruebas claras solo aumenta la desconfianza ciudadana.

“Es inaceptable que una institución pública tan crucial como el SRI emita un comunicado de esta naturaleza sin presentar respaldo documental alguno. ¿Dónde están los depósitos? ¿Las transferencias? ¿Los recibos?” cuestionó una asambleísta opositora, quien exigió la apertura de una investigación rigurosa y transparente.

Mientras tanto, la ciudadanía que cumple puntualmente con sus obligaciones tributarias observa con indignación cómo una de las deudas más emblemáticas del país parece desaparecer con un simple comunicado. La demanda por transparencia y rendición de cuentas se vuelve unánime, colocando al SRI bajo un intenso escrutinio público, con su credibilidad seriamente cuestionada.

Este episodio reaviva el debate sobre la equidad tributaria y el posible trato preferencial que recibirían ciertos grupos económicos, poniendo en entredicho la capacidad del Estado para aplicar la ley con igualdad. La polémica está en auge y el país espera con urgencia respuestas claras y, sobre todo, pruebas contundentes que disipen las dudas sobre este “pago” tan misterioso.