La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que agrupa a los 221 cantones del país, lanzó un enérgico llamado a la Presidencia de la República debido al alarmante retraso en las transferencias de recursos establecidos por la Ley de Modelo de Equidad Territorial. La falta de estos fondos ha generado una crisis crítica en varios municipios, algunos de los cuales llevan hasta tres meses sin recibir los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento básico y la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía.

Las transferencias adeudadas no son simplemente recursos económicos, sino el pilar fundamental para la inversión local en áreas estratégicas como mantenimiento de infraestructura vial, abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental, recolección de residuos sólidos y seguridad ciudadana. La paralización de estos fondos pone en riesgo directo la calidad de vida de millones de ecuatorianos y la operatividad de los gobiernos locales.

“Estamos al borde del colapso”, expresó un alcalde de la región amazónica, reflejando la situación crítica que enfrentan muchas administraciones. “Sin estos recursos, no podemos cumplir con el pago a proveedores, mantener las calles en condiciones adecuadas, ni garantizar que el agua llegue limpia a cada hogar. La seguridad de nuestra gente está en juego”.

La AME subraya que la demora en la transferencia de estos fondos representa no solo un incumplimiento legal, sino una irresponsabilidad que afecta el desarrollo y la gobernabilidad local. Los alcaldes y sus equipos trabajan bajo presión, intentando sostener servicios esenciales con recursos cada vez más limitados, mientras la población se ve directamente afectada.

Este llamado de la AME pone sobre la mesa una problemática urgente que, si no se atiende de manera inmediata, podría generar un aumento del descontento social y desestabilizar la gestión de los gobiernos municipales en todo el país. La Asociación insta al Gobierno Nacional a actuar con rapidez y responsabilidad para garantizar que los municipios cuenten con los recursos indispensables para cumplir con su mandato y proteger el bienestar de sus ciudadanos.