El presidente Daniel Noboa ha enviado una propuesta de reforma constitucional que permitiría la castración química para las personas halladas culpables de abuso sexual. La iniciativa, revelada a través de un contundente mensaje en su cuenta de la plataforma «X», ha encendido el debate nacional y puesto a prueba la voluntad política de la Asamblea Nacional.

«Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada», sentenció el mandatario, visiblemente decidido a endurecer las penas contra este tipo de crímenes. Noboa no dudó en lanzar un desafío directo al Legislativo: «Ahora será el turno de la Asamblea, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes están dispuestos a proteger a los abusadores.»

La propuesta, que busca modificar la Carta Magna para introducir esta medida punitiva, se enmarca en un contexto de creciente indignación social por los casos de abuso sexual y la percepción de impunidad. Si bien la castración química es una medida aplicada en algunos países, su implementación en Ecuador generaría un profundo debate ético, legal y de derechos humanos.

La respuesta desde la Asamblea Nacional no se hizo esperar. Niels Olsen, presidente del parlamento, manifestó a través de sus redes sociales un respaldo inicial a la iniciativa presidencial: «Desde la @AsambleaEcuador respaldaremos toda acción que ponga fin a la impunidad. Estamos del lado correcto: el del país que ya no tolera lo intolerable.»

Sin embargo, la declaración de Olsen, aunque de apoyo, abre la puerta a un escrutinio detallado de la propuesta. Expertos constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas ya anticipan un intenso debate sobre la viabilidad, pertinencia y constitucionalidad de la castración química. Las preguntas clave serán: ¿Es una medida efectiva para prevenir la reincidencia? ¿Respeta los derechos fundamentales de los sentenciados? ¿Existen alternativas más adecuadas que garanticen justicia y rehabilitación?

La propuesta del presidente Noboa no solo busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad en casos de abuso sexual, sino que también representa un pulso político con la Asamblea. El Ejecutivo busca posicionarse como el defensor de las víctimas, mientras que el Legislativo se verá en la encrucijada de respaldar una medida popular pero compleja, o de abrir un debate más profundo sobre sus implicaciones.

El país observa ahora con atención la reacción de los bloques legislativos y el desarrollo de este trascendental debate. La reforma constitucional para la castración química promete ser una de las discusiones más intensas y polarizadoras en la historia reciente de Ecuador.