La reciente caída del puente en Panguitza, que conecta con San Miguel de la Huca, ha dejado a la provincia Zamora Chinchipe en una situación crítica. Una obra vital, con un costo de $2,419,427.00 financiado por el pueblo zamorano chinchipense, que apenas alcanzó una vida útil de tres años antes de sucumbir al socavamiento de sus bases. Este desastre no es solo una tragedia de infraestructura, es el reflejo de múltiples fallas en la gestión pública y un golpe directo a la economía y movilidad del cantón Centinela del Cóndor.

¿Cómo es posible que una inversión millonaria, que debería beneficiar a generaciones, se vea reducida a escombros en tan corto tiempo? El fuerte temporal que azota la región ciertamente jugó un papel, pero no podemos obviar el agravante: la minería ilegal que viene desestabilizando la zona. Esta actividad ilícita no solo está devastando el ecosistema, sino que también amenaza la seguridad y durabilidad de las obras públicas, minando las bases mismas de la infraestructura con la complicidad, o al menos la omisión, de autoridades que parecen mirar hacia otro lado.

El puente en Panguitza era vital para descongestionar el intenso tráfico pesado que recorre la Troncal Amazónica. Su caída no solo afecta la conectividad inmediata, sino que también limita el paso hacia cantones aledaños como Nangaritza, Paquisha y Yantzaza, a través del sector Palyas de Cuye. Esto tendrá un impacto económico evidente: encarecimiento del transporte, afectación a la comercialización local, y mayor aislamiento para comunidades que ya lidian con poca inversión estatal.

La gran incógnita que queda es: ¿Quién asumirá los costos de esta pérdida? ¿El gobierno nacional, regional o local? ¿O simplemente el pueblo, que ya pagó por esta infraestructura y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de su hundimiento? Sin una respuesta clara y una acción urgente, esta tragedia representa un ciclo de abandono, desinversión y sufrimiento para una de las provincias más olvidadas del país.

Es momento de exigir rendición de cuentas, transparencia en las inversiones y una verdadera política de prevención contra la minería ilegal. Porque la caída del puente en Panguitza no solo derrumba una estructura, sino que pone en jaque el desarrollo y bienestar de toda una región.